Por Javier García Breva para Energías Renovables
El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre el mercado eléctrico prevé un crecimiento de la demanda mundial de electricidad en 2021 y 2022 que aumentará las emisiones de CO2 a niveles récord por el mayor uso del carbón en la región Asia-Pacífico.
El crecimiento de las energías renovables no será suficiente para atender la demanda y se producirá un alto uso de combustibles fósiles. La AIE constata que en 2021 se han disparado un 45% los precios de la electricidad por la subida de los precios del gas y del CO2. Para cambiar esta trayectoria será necesario aumentar la inversión en renovables y eficiencia.
El informe “Global Status Report 2021” de REN 21 analiza cómo entre 2009 y 2019 la participación de los combustibles fósiles en el consumo global pasó del 80,3% al 80,2%; por el contrario, la participación de la renovables aumentó del 8,7% al 11,2%. El crecimiento de las renovables apenas ha reducido la cuota de los combustibles fósiles en una década. Estamos lejos del cambio de paradigma hacia las energías renovables. La recomendación de REN21 es una reducción drástica de la demanda energética, prohibir los combustibles fósiles y hacer del consumo de energía renovable un indicador de rendimiento para cada actividad económica.
España ha superado en 2021 la cuota del 44% de generación renovable de 2020 y alcanzó el 51,5% en la mitad de este año; pero no ha evitado los altos precios de la luz. Por primera vez, las emisiones de GEI en 2020 han descendido un 6,4% por debajo del nivel de 1990, debido a las restricciones de la Covid-19, la caída del 60% del carbón y el incremento de la generación renovable un 13%.
Sin embargo, los combustibles fósiles representan el 70% del consumo energético y las renovables el 20%. La trayectoria no cumple los compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de París y de la Unión Europea para 2030.
Las 3 claves para cambiar el frustrante retraso en la acción contra el cambio climático por una política más decidida hacia las energías renovables
1. Una economía de la huella de carbono
El Informe del Tribunal de Cuentas de la UE sobre la aplicación del principio de “quien contamina paga” señala la incoherencia entre las políticas y las acciones medioambientales. Hasta ahora son los contribuyentes, y no los contaminadores, los que pagan los costes del daño ambiental causado. Los fondos europeos se han utilizado contrariamente al principio de “quien contamina paga” cuando las autoridades nacionales no obligan a las industrias a cumplir las normas ambientales.
En España más del 90% de los daños ambientales no los pagan los responsables que los producen sino los contribuyentes y consumidores. El Tribunal de Cuentas europeo recomienda instrumentos, como normas para poner fin a la contaminación en origen, una fiscalidad que introduzca los costes y beneficios medioambientales en los presupuestos de hogares y empresas y la etiqueta ecológica en todos los productos.
La primera cuestión: definir la transición energética en la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. Más allá de los objetivos y medios para descarbonizar la economía está el modelo energético para conseguirlo. La Ley 16/2017, del cambio climático de Cataluña, la define como “la transición hacia una sociedad en la que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, con un sistema energético descentralizado y con energías cien por cien renovables, fundamentalmente de proximidad, con el objetivo de conseguir un modelo económico y energético no dependiente de los combustibles fósiles ni nucleares en 2050”. La energía de proximidad o generación distribuida es, en contraposición al modelo energético centralizado, la mejor definición de la transición energética.
La segunda cuestión: “los presupuestos de carbono”, que no aborda específicamente la Ley 7/2021, como mecanismo de planificación e integración de los objetivos climáticos en las políticas sectoriales con cuotas de gases de efecto invernadero asignadas a entidades, organizaciones, territorios o personas durante un determinado período, teniendo en cuenta los potenciales de reducción y los impactos en cada sector.
La tercera cuestión: la “fiscalidad sobre el carbono”, como instrumento para modificar pautas de comportamiento que incentiven la demanda de productos sostenibles. La fiscalidad ha de ser un incentivo para activar la descarbonización, proteger a colectivos vulnerables y orientar el mercado hacia las inversiones limpias. Es el reto del paquete europeo “Fit for 55” para poner un precio al CO2.
La cuarta cuestión: la “huella de carbono”, que deberá evaluarse y etiquetarse en todos los productos, servicios y procesos de contratación, para que los consumidores finales puedan elegir conociendo las emisiones que han generado. Se abre así la posibilidad de que una parte del presupuesto de carbono nacional lo puedan gestionar los propios consumidores finales.
2. Abrir la competencia a millones de consumidores
“El capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación”. La frase es del actual presidente de EEUU, Joe Biden, al presentar su orden ejecutiva antimonopolio y expresa la principal barrera para enfrentarnos al cambio climático: las multinacionales. Concentrar el poder de mercado en muy pocas empresas crea todos los problemas ambientales, energéticos, políticos y sociales a los que nos enfrentamos. Cuando las multinacionales imponen las barreras de entrada a una mayor competencia, la indefensión de los consumidores es total. Es el trasfondo de las subidas de la luz y suministros básicos o de los intereses y comisiones bancarias. Su posición de dominio es tal que pueden imponer a las autoridades las regulaciones que más les beneficien y hasta cambiar gobiernos.
Las directivas europeas tienen como principal justificación la protección de los consumidores. El establecimiento de reguladores independientes de la competencia ha sido una de sus mayores preocupaciones. En España los reguladores independientes desaparecieron con la Ley 3/2013 y una buena parte de sus funciones pasaron al poder ejecutivo y, aunque se modificó parcialmente en 2019, aún sigue vigente.
La Directiva (UE) 2019/1, que garantiza a las autoridades de la competencia su independencia, sus funciones y medios para que los consumidores y las empresas no sean perjudicados por las prácticas que impiden la competencia, finalizó su plazo de trasposición el 4 de febrero de 2021. Su importancia radica en que define la figura del “cártel” y del “cártel secreto”, cuya existencia está oculta, en contraposición con mercados abiertos en los que las empresas compiten sobre la base de sus méritos, sin barreras de entrada. La trasposición de esta directiva protegería a los consumidores y empresas de las prácticas que mantienen los precios de bienes y servicios esenciales artificialmente elevados y de los abusos de posición dominante.
Un mercado energético inclusivo es el fundamento de las directivas del “paquete de invierno”. Persiguen la participación de los consumidores en los mercados energéticos como instrumento para la descarbonización de la economía y para abaratar la energía. La transición energética va a depender de que los mercados se abran a nuevos actores y de la existencia de los reguladores independientes.
3-Convertir cada centro de consumo en una central eléctrica
En el reciente Congreso Nacional de Autoconsumo, organizado por APPA Renovables, su presidente, Santiago Gómez, declaró que “la energía distribuida es la fuerza fundamental de las energías renovables”. Su contribución a la seguridad de suministro, a aumentar la competencia con la participación de los autogeneradores en el mercado, a la electrificación de la demanda y a abaratar la factura eléctrica, convierte la generación distribuida en el mejor instrumento para transformar el modelo energético en un modelo inclusivo con la participación de millones de consumidores.
El informe “Renovables, Ordenación del territorio y Biodiversidad”, elaborado por la Fundación Renovables, analiza el carácter intrínseco de recurso distribuido de las renovables, las barreras de conexión a la red y de aceptación social para su implantación en el territorio y alcanzar a largo plazo un mix 100% renovable.
Frente al modelo rentista de renovables, de instalaciones a gran escala, con constantes operaciones especulativas de compra y venta de activos, de invasión del territorio sin respeto al impacto ambiental o al desarrollo local, la Fundación Renovables propone una jerarquía de las renovables encabezada por el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación distribuida, una regulación ambiental y social, cláusulas antiespeculación, una planificación que incluya objetivos de generación distribuida y la trasposición urgente de las directivas del “paquete de invierno”.
Los instrumentos más eficientes y eficaces para electrificar y descarbonizar la economía en menos tiempo son los recursos energéticos distribuidos (DER) que desarrollan las directivas europeas: autoconsumo, almacenamiento local, comunidades de energías renovables, comunidades ciudadanas de energía, edificios de consumo casi nulo, microrredes, redes urbanas eficientes de calor y frio, aplicaciones y contadores inteligentes para la gestión de la demanda, recarga de vehículos eléctricos, agregación y agregador independiente de la demanda. Las sinergias de estos recursos aportan al sistema energético la flexibilidad y abaratamiento de la energía que no puede ofrecer la generación centralizada y otorgan al autoconsumidor o consumidor activo el poder de mercado que hasta ahora se le niega.
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